viernes, 16 de junio de 2017

Formas de Participación en Venezuela


Desde finales del siglo XX, y en las casi dos décadas del siglo XXI, se ha venido gestando en Venezuela una nueva forma de expresión popular, de participación. Una forma de participación social y comunitaria que permite darle cabida a la amplia gama de opiniones que convergen en espacios determinados para construir el bienestar colectivo; esa nueva forma de participación es conocida como el “Poder Popular”; el cual, definido por la Ley Orgánica del Poder Popular (2010) en su artículo 2, “es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización…”, y estas formas de organización son los consejos comunales, las comunas, las organizaciones civiles, entre otras. Y en este punto es
importante resaltar que la puesta en práctica de esta soberanía permite garantizar la vida y preservar el bienestar social ya que hace corresponsables a todo el colectivo en la dirección de su destino, en el disfrute de los derechos humanos y  a través de ello alcanzar la suprema felicidad social (Art. 4).

En aras de mejorar la gobernabilidad y la buena gestión pública, el Poder Popular se configura dentro del Estado con el fin de generar las condiciones para garantizar que la iniciativa popular, en el ejercicio de la gestión social, asuma funciones, atribuciones y competencias de administración, prestación de servicios y ejecución de obras, mediante la transferencia desde los distintos entes político-territoriales hacia los autogobiernos comunitarios, comunales y los sistemas de agregación que de los mismos surjan (Art. 7, numeral 2); todo esto con el propósito de seguir fortaleciendo la participación de las comunidades en la construcción de su bienestar; dando por sentado que de la participación activa y protagónica del colectivo va a redundar el bienestar colectivo y social de las comunidades.

En este sentido, el Poder Popular se expresa en diversas manifestaciones y organizaciones que permiten descentralizar el poder público para darle otro sentido a la planificación, la administración y a la contraloría en el uso de los recursos en beneficio de la sociedad venezolana que ahora toma un nuevo rol al ser garante de sus propios destinos. En este contexto surge el consejo comunal como una “instancia de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad…” (Ley de los Consejos Comunales, 2009). Entonces es allí donde empieza a configurarse una nueva estructura social que permite ampliar los niveles de participación de la sociedad ya que mediante asambleas de ciudadanos (Art. 20) se logra ejercer el poder comunitario de manera protagónica y participativa.

Asimismo en las comunidades debe existir un Colectivo de Coordinación Comunitaria (Art. 24 y 25) como instancia de articulación, trabajo conjunto y funcionamiento; una Unidad Ejecutiva  (Art. 27 y 28) encargada de promover y articular la participación organizada de los habitantes de la comunidad en diferentes comités de trabajo; una Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria (Art. 30 y 31) como ente de administración, ejecución, inversión, crédito, ahorro e intermediación financiera de los recursos y fondos de los consejos comunales; y una Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal (Art. 33 y 34) que vela por el uso adecuado de los recursos aprobados para la ejecución de proyectos de obra pública y social. Entre esos proyectos de interés destacan los proyectos socioproductivos que permitirán el desarrollo de las comunidades, impulsando la propiedad social orientándola a la satisfacción de las necesidades colectivas antes que las individuales (Art. 46).

Entre las nuevas formas de participación ciudadana aparece una estructura que unifica y fortalece el Poder Popular ya que concreta la transferencia de poderes y competencias desde el nivel central (gobierno nacional, estadal o municipal) hasta las comunidades; esta forma de participación es conocida como la Comuna. Un municipio puede tener, entre sus formas de organización, una o varias comunas en su jurisdicción; una comuna es un espacio geográfico compuesto por varias comunidades que comparten un mismo espacio geográfico, histórico, cultural y que tienen en común usos y costumbres que permiten reconocerse en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular (Art. 5, Ley Orgánica de las Comunas, 2010). En el ámbito geopolítico, el Estado concibe a la comuna como un paso para la edificación del Estado Comunal mediante la promoción y el impulso de la participación más activa de las personas que componen una comunidad para que juntos y juntas pongan en práctica el ejercicio de la soberanía y así construir de su bienestar (Art. 6).

Lograr mayores niveles de conciencia social no es tarea fácil, no es sencillo concientizar a la colectividad sobre su responsabilidad en la conducción de su rumbo dentro de la vida social de la nación. Generalmente se concibe al Estado como el hacedor y protector de todas las cosas en el país y el garante de que todo marche bien en lo económico, político y social –nada más lejos de la realidad; sin embargo, es importante elevar los niveles de conciencia de la sociedad para que se desarrollen las capacidades de autogobierno, contraloría social, democracia participativa y protagónica, así como sus capacidades de planificación y ejecución de una adecuada gestión pública basada en los principios de honestidad y transparencia (Art. 7 y 64) para que así el funcionamiento de las comunas no se vea afectado por acciones inapropiadas que afecten no solo a su territorio sino al de otras comunidades -incluso pertenecientes a otros municipios- que conforman la comuna (Art. 9).

Con el pasar de los años, y aunado al incremento en los niveles de participación ciudadana en los asuntos públicos, se hace necesario planificar adecuadamente el desarrollo político, económico y social del territorio venezolano desde las células geopolíticas sociales (las comunas) con el fin de obtener propuestas y generar proyectos desde las bases. Para ello, es necesario seguir al pie de la letra una planificación establecida que permita orientar los procesos de desarrollo; para esto existe la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (2010), la cual permite “la organización y funcionamiento de los órganos encargados de la planificación y coordinación de las políticas públicas, a fin de garantizar un sistema de planificación, que tenga como propósito el empleo de los recursos públicos dirigidos a la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos para la transformación del país, a través de una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta…” (Art. 2) donde la participación ciudadana representada en los consejos comunales, las comunas, las organizaciones civiles u otras formas de democracia protagónica y participativa permite establecer los criterios necesarios para el crecimiento y desarrollo nacional.

Desde los niveles más altos de la planificación nacional, se busca coordinar, consolidar e integrar las actividades de planificación en torno a la distribución justa de la riqueza nacional, concretada en proyectos y obras de beneficio social, en todo el territorio nacional (Art. 9). De igual forma, y como se ha venido exponiendo en el presente informe, se está gestando y estableciendo una nueva conciencia social en cuanto a la participación ciudadana en el majeo de los recursos de la Nación con el fin de trasladar muchas de las competencias nacionales al ámbito comunitario; es decir, en el año 2012 se crea la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones con el fin de “desarrollar los principios, normas, procedimientos y mecanismos de transferencia de la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos, del Poder Público Nacional y de las entidades político territoriales, al pueblo organizado…” (Art. 1) para que de esta forma el ejercicio del Poder Popular en la toma de decisiones y en la recepción de los recursos para la ejecución de obras de interés social recaiga sobre la Comuna, los consejos comunales y las organizaciones sociales como sujetos de transferencia (Art. 5, numeral 7).

Con el pasar del tiempo se hace más notoria la idea, la noción de construir una sociedad formada y preparada para dirigir y gestionar los ingresos que le sean asignados para el buen aprovechamiento de los recursos y bienes nacionales en beneficio de la comunidad. Incluso desde el nivel central del Ejecutivo Nacional hay recursos que deben ser transferidos a las comunidades para su uso (Art. 11) y estos recursos deben ser solicitados por los voceros de los sujetos de transferencia (Art. 12) -ya especificados anteriormente- a los entes nacionales con el fin de darle curso a los proyectos socioproductivos, de servicios, entre otros, para que sean llevados a cabo.
Finalmente, hace falta más formación y capacitación en cuanto a lo indispensable que es la participación popular, a lo medular que es para el país tener una población consciente de sus capacidades, limitaciones y competencias en torno al manejo adecuado de los recursos económicos con ética, eficiencia y eficacia; que cada uno sepa ubicarse en tiempo y espacio para desenvolverse adecuadamente en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica desde su casa, su calle, su cuadra, su sector, su comunidad, su consejo comunal, su comuna, su municipio y su estado porque cada uno pertenece a este gran terruño llamado Venezuela.

REFERENCIAS:
Ley Orgánica de los Consejos Comunales, (Noviembre, 2009)
Ley Orgánica del Poder Popular (Diciembre, 2010)
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (Diciembre, 2010)
Ley Orgánica de las Comunas (Diciembre, 2010)
Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones (Junio, 2012)

Autor: Jezer Dorante
Fecha: Junio de 2017

NOTA: La información aquí presentada corresponde a un análisis realizado a las leyes allí mencionadas para un informe de la asignatura Planificación en Venezuela de la Maestría en Planificación de la Educación de la Universidad Nacional Abierta. Este material puede ser utilizado libremente siempre y cuando se cite al autor y a la dirección de este Blog.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Docentes Desempleados

     En julio de este 2017 comenzó un proceso inédito en el país, algo nunca antes visto con respecto al ingreso docente al magisterio ve...